Lilia Arellano
“La experiencia es la suma de nuestros desengaños”: Anguez
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Sigue imparable la ola criminal
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Cifras oficiales dan cuenta del grado de la inseguridad vigente
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Los pasos de López en Baja California ¿experimento futurista?
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Consulta ciudadana sin rigor técnico y con escasa participación
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Cuenta en Andorra de Juan Collado llega a 70 millones de euros
Ciudad de México, 16 de octubre de 2019.- Tras realizar tres campañas políticas presidenciales, tres estatales, dirigir dos partidos nacionales, gobernar la hoy Ciudad de México y encabezar el Poder Ejecutivo Federal, nadie duda Andrés Manuel López Obrador posee una mente estratégica. De ahí cobre relevancia su paso este fin de semana por el estado de Baja California, justo el día de la consulta ciudadana, al margen de la legislación electoral vigente a nivel nacional y estatal, promovida por los partidarios de Jaime Bonilla, gobernador electo de la entidad y militante de Morena, el partido del presidente, quienes pretenden extender el periodo para el cual fue electo, de dos años hasta cinco a través de una reforma en el Congreso local, comprada revelan los propios bajacalifornianos, denunciada por la oposición y los empresarios e incluso por la responsable de la política interna del país, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
El tabasqueño ha optado por la ambigüedad en esta caso y no se sabe si va a optar por la irrestricta prevalencia del Estado de Derecho e impugnar dicha reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o va a preferir la simulación, dejar pasar la ilegalidad y apoyar la extensión del mandato del gobernador electo de esa entidad, evidenciando la existencia de un experimento político de ampliación del periodo de gobierno constitucional a nivel local, donde Morena arrasó con todos los cargos en disputa en los pasados comicios, con la mitad de los votos de una participación ciudadana de menos de un tercio del total, para posteriormente aplicar la fórmula a nivel nacional, con su figura como estandarte de salvador de la Patria, al igual que en su momento lo hicieran también los oaxaqueños Benito Juárez y Porfirio Díaz, o el veracruzano Antonio López de Santa Anna, en periodos de gran efervescencia política del país.
El viernes pasado, 11 de octubre, López Obrador dijo que él no se iba a involucrar en el caso Bonilla y se haría lo que la Constitución marca y suponemos se refería a la Carta Magna de todos los mexicanos y no a la bajacaaiforniana ahora modificada. Sin embargo fue a la entidad a observar de primera mano la consulta ciudadana quedando entre interrogantes si fue su visita una intento para legitimar la extensión de mandato del gobernador electo- También dijo le daba pena se estuviera debatiendo el tiempo de permanencia del gobernador: “Hay que respetar la decisión de la autoridad competente y si resuelve que son dos años, ¡son dos años! ¡Por encima de la ley nadie!, proclamó ante representantes de medios de comunicación. Apenas el pasado 2 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó Jaime Bonilla ganó la elección a la gubernatura de Baja California y declaró válida la constancia de mayoría. El organismo detalló la elección fue valida para un periodo de dos años y no de cinco, como Bonilla y los diputados locales quieren. El 8 de octubre, la Suprema Corte de Justicia desechó, por notoria improcedente, una controversia con la cual el gobierno de Baja California buscaba publicar la denominada “Ley Bonilla”, acción realizada con la intención de que se promulgara y pudiera ser impugnada.
Benjamín Gómez, ex presidente del Congreso de Baja California, denunció las presiones de funcionarios del gobierno del presidente López Obrador para convocar a una sesión para modificar la Constitución y votar a favor de ampliar el periodo de la gubernatura de dos a seis años, justo a 48 horas del día de las elecciones. A cambio de un millón de dólares, Gómez sólo debía convocar a una sesión extraordinaria en el pleno de la sala Benito Juárez, por ser el único facultado para esta actividad parlamentaria. El líder legislativo acusó al subsecretario de Gobernación, Ricardo Alcalá, y al administrador de la Aduana de Mexicali, Alejandro Miramontes, de ser los funcionarios federales quienes lo presionaron primero y luego intentaron sobornarlo.
A pesar del descontento de partidos de oposición y de marchas por parte de ciudadanos de Baja California, el Congreso local emitió la declaración de aprobación de mandato de Bonilla el 23 de julio de este año. Y, siguiendo los métodos de la Cuarta Transformación, el 22 de agosto Catalino Zavala, presidente del Congreso de Baja California, propuso sea mediante una Consulta Ciudadana –similar a la realizada con el NAIM- como se defina si se publica o no la modificación de la reforma que permite la ampliación del mandato de Jaime Bonilla, con el fin, dijo, de darle “mayor legitimidad democrática a la reforma constitucional de dicha ampliación de mandato para el ejercicio del cargo de gobernador”.
Este domingo 13 de octubre se realizó la consulta ciudadana sobre la “Ley Bonilla”, sin rigor técnico y con escasa participación. Se instalaron 250 urnas en los cinco municipios de la entidad: Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate. Fueron cancelados diversos centros de votación, entre ellos uno en la plaza La Cachanilla y otro frente a la vice-rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California. Dichos centros de votación representaron apenas 2.5 por ciento de las casillas en una elección constitucional y no se uso el listado nominal. Así, los participantes pudieron emitir su sufragio en mas de una ocasión y en diferentes sitios. No se utilizaron mamparas ni tinta indeleble.
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, los resultados del ejercicio no serán vinculatorios, a diferencia de sondeos sancionados por el Instituto Estatal Electoral en los cuales participen al menos 20 por ciento de los votantes inscritos en el listado nominal. La pasada legislatura aprobó la “Ley Bonilla” y la actual, controlada por Morena, anunció publicará dicha ley sólo si la ciudadanía vota mayoritariamente por el periodo de cinco años, lo cual permitiría impugnarla ante la SCJN.
Durante su gira por BC, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el sábado que la SCJN resolverá el tema, claro hasta ser publicada la ley de referencia. ¿Será… o se cocina un experimento similar a nivel nacional para favorecer una ampliación de su actual mandato constitucional?
4T NO PUEDE PARAR OLA DE VIOLENCIA Y DELICTIVA
Este 2019 se está convirtiendo en el año con la mayor cantidad de delitos denunciados y registrados ante las fiscalías y procuradurías de los estados. De enero a agosto se contabilizaron un millón 353 mil 990 carpetas de investigación iniciadas por homicidio, secuestro, extorsión, robos, narcomenudeo, trata de personas, lesiones dolosos, feminicidios, violencia familiar y abuso sexual, entre otros ilícitos del fuero común. De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo anterior representa 5.2% más que la incidencia delictiva ocurrida en el mismo periodo de 2018, el cual acumuló un millón 256 mil 490 registros.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), consideró “los datos representan un panorama catastrófico en 2019” y preocupa el gobierno federal siga sin estrategia, sin apertura ni disposición a rendir cuentas. En los primeros ocho meses de este año, el homicidio doloso incrementó, con respecto al mismo periodo del año pasado, 3.3%; lesiones dolosas, se elevó 6%; feminicidio, se incrementó 14.9%; secuestro, 11.5%; extorsión, 35%; trata de personas, 37%; narcomenudeo, 21%; violencia familiar, 8%; abuso sexual, 26%; y robo en sus diversas modalidades, 2 por ciento. De acuerdo al SESNSP, las entidades con la mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, son: Colima, Aguascalientes, Baja California, Querétaro, Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Guanajuato, Tabasco y Morelos.
Entre 2018 y 2019 hubo un recorte presupuestal de más de 10% de los recursos totales destinados a la seguridad pública, y entre 2019 y 2020 hay un aumento del presupuesto de apenas 1,2 por ciento, “monto que no mitiga absolutamente las disminuciones que hubieron en años anteriores”, declaró Rivas. El presente año cerrará con más de 2 millones de delitos registrados ante procuradurías y fiscalías de los 32 estados, lo que supondría un récord en materia de incidencia delictiva, advierte Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, quien en declaraciones a El Universal, advierte de la consolidación de una “supremacía delincuencial”. “Por primera vez se superarán los dos millones de delitos, lo cual será un récord y aún con el despliegue de la Guardia Nacional tampoco han bajado los ilícitos, empezando por Tijuana”, alertó.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó este lunes un informe sobre la seguridad en el país y precisó cinco estados concentran el 41.5 por ciento de los homicidios dolosos registrados de diciembre de 2018 a agosto de este año. Mostrando las cifras del SESNP, sobre participación estatal respecto al acumulado nacional, Guanajuato registra el 9.2% de los homicidios; Baja California, 9.1%; Estado de México, el 8.9%; Jalisco, 7.2%, y Chihuahua, 7.2%.
El ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y Vicente Fox recurrió al recurso de echarle la culpa a los gobiernos anteriores al señalar recibieron un país con una crisis de inseguridad crónica con 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas en 2018. Durazo presumió el gobierno federal ha bloqueado cuentas bancarias a organizaciones criminales por mas de 5 mil 182 millones de pesos, 47 millones de dólares y mil 800 euros.
Ante el presidente López Obrador, el titular de la SSPC reportó, en total, hay mil 995 personas que han sido objeto de bloqueo, las cuales se encuentran bajo investigación o en proceso. De ese total, mas de mil son personas morales, 771 físicas y 167 no han sido identificadas, como resultado de las acciones de inteligencia financiera contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Y ¿dónde está ese dinero? ¿Con quiénes siguen las investigaciones de los casi dos mil casos referidos? Tocó un tema fuera de su área, los de la inteligencia financiera se supone trabajan para Hacienda, de otro modo no contarían con bases legales para bloquear cuentas y girar instrucciones a la CNBV.
DE LOS PASILLOS
Una Ciudad como la de México, capital del país, parece mentira no pueda contar ni siquiera con una feria libre de cualquier sospecha, un parque de diversiones auténtico, una zona alejada de las corruptelas. El cierre de la Feria de Chapultepec deja a 450 empleados fuera, y no se ve exista un solo funcionario del gobierno de la Sheinbaum sujeto a investigaciones. La empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, S.A. de C.V., operadora de la Feria, tras el incidente del pasado 28 de septiembre, en el cual dos personas murieron y dos más fueron hospitalizadas, no esperaban les retiraran la concesión y se apresurara la gobernadora a anunciar se licitará un nuevo contrato. Al parecer si se aplicará el derecho, pero el entendido por doña Claudia…
Pedro Joaquín Coldwell inició la semana haciendo pública su autodefensa, negó tener algún nexo con Oro Negro con la naturaleza de los audios revelados y en los cuales el ex secretario de Energía habla de la forma en que la petrolera mexicana recibe sobornos a cambio de contratos preferenciales. Según el ex gobernador de Quintana Roo, nunca tuvo injerencia alguna “en los contratos de servicios o de arrendamientos llevados a cabo por Pemex ni contaba con facultades legales para ello”. Se rebela ante lo que llama subterfugios y señalamientos difamatorios a su persona. El Wall Street Journal al parecer confundió las voces porque a decir del priísta ni siquiera conoce a la persona con la cual supuestamente estaba conversando. Cuando avancen las investigaciones realizadas por la FGR se despejará quién o quiénes están realmente involucrados en el fraude de Oro Negro…
Ya ubicados en Quintana Roo, se aproxima un enfrentamiento entre los hoteleros y los dueños de parques temáticos. En el caso del empresario Quintana Pali, son muy débiles sus argumentos en defensa de la llegada a Puerto Morelos de cruceros porque lo pagado para obtener permiso de atracar es de 12 mil pesos y tales cuotas entregadas a la APIQROO no cubren en lo más mínimo el daño causado a la hotelería y, por ende, a quienes en ella laboran… Pero eso no es todo, resulta ser el titular de Turismo federal está a la espera de ocupar la Torre asignada para sus oficinas porque le falta el documento del comodato y ¿eso lleva trámites de casi un año? Es pregunta… Otro famoso, José Chapur se hizo ver públicamente para dejar muy claro no se ha ido ni a Líbano ni a cualquier otro país… La comparecencia de Marta Silva, directora del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, tuvo sus momentos muy amargos. No solamente porque la increparan acerca de la contratación de terceros sino por lo inútil de ese organismo a través del cual ni se genera información, tampoco se aborda la cultura y menos aún hay entretenimiento, además de encontrarse cerradas las puertas para quienes no son afines a las banderas del cambio. La transformación del SQCS sigue abonando a su extinción… ¿Se acuerda de Andorra y de los depósitos de Alfredo del Mazo III? Esas cantidades no llegan ni a los talones de los hechos por Juan Collado, abogado de políticos de renombre cuya amistad presumió en la boda de su hija. Don Juanito hizo lo propio con 70 millones de euros.
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