CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- La Cámara de la igualdad recibió una iniciativa panista para crear el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales y Feminicidas, una base de datos del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública (SNSP), que “se conformará por los datos que proporcionen las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
La iniciativa es de la panista Joanna Alejandra Felipe Torres, para reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa, que también modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Entre más de 17 iniciativas recientes, ésta se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Igualdad de Género para dictamen.
Establece que el Registro “se conformará por los datos que proporcionen las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, incluyendo personas procesadas y sentenciadas por la comisión de delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual, delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y el delito de feminicidio”.
Subraya que, en el caso de la información en posesión del Poder Judicial Federal y los Tribunales de Justicia estatales, relativa a personas sentenciadas por los delitos señalados, se compartirá mediante convenios, de conformidad con los lineamientos y demás disposiciones aplicables.
Sustenta que la información del Registro se gestionará, mantendrá y actualizará conforme a la temporalidad, modalidades y niveles de acceso establecidos en los lineamientos que, para tal efecto, emita el Centro Nacional de Información.
Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales y de reinserción social.
Actualmente se conforma un registro de deudores alimentarios; otro de agresores a mujeres en la acción política, en el Instituto Nacional Electoral y uno más sobre divorcios para proteger a las infancias. Este sería un registro más, que ya está previsto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, desde 2007. No se saben los resultados, ni la utilidad hasta hoy. También el PAN, ha propuesto un registro de niños y niñas huérfanas por la pandemia del COVID 19.
La reflexión sobre este nuevo registro señala que las estadísticas nacionales, estatales y municipales podrán compartirse con el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a través de su Secretaría Ejecutiva, y con la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, mediante los convenios respectivos, a fin de proveer la información necesaria para la elaboración de diagnósticos y estudios especializados, así como para el diseño de programas y protocolos.
La iniciativa puntualiza que todas las autoridades con acceso al Registro y aquellas que envíen y reciban información a través de convenios se sujetarán a las disposiciones aplicables sobre el tratamiento de datos personales y se regirán por el respeto a los derechos humanos.
El Registro deberá contener como mínimo, de manera enunciativa, más no limitativa, nombre de la persona agresora, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, alias, nacionalidad, estado civil, escolaridad, ocupación o profesión, señas particulares, fotografía, ficha signalética (cuando corresponda), y exposición de los hechos por los que se genera la inscripción.
En lo que respecta a la modificación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, menciona que corresponde a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, elaborar estudios especializados y diseñar programas y protocolos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que coadyuven a la prevención y erradicación de los delitos sexuales y el feminicidio, tomando en consideración la información recibida del Registro.
La exposición de motivos de la iniciativa señala que la cifra de delitos contra la libertad y la seguridad sexual se considera alarmantemente alta si se toma en consideración que, de acuerdo con la Encuestas Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), las mujeres encuestadas de quince años y más señalaron haber sufrido violencia física y/o sexual y apenas el 7.76 por ciento de ellas denunció los hechos.
Explica que las conductas sexuales delictivas no constituyen un hecho aislado en relación con quien las comete, pues diversos estudios revelan que este fenómeno es multisistémico en el que se conjugan factores socio-ambientales, del sistema familiar, psicológicos individuales y estructuras de poder dominantes en la población.
Afirma que es necesario mejorar los instrumentos jurídicos, normativos y de política pública que disminuyan los delitos que atentan contra la libertad, la seguridad sexual y la vida.
Destaca la importancia de que las bases de datos posibiliten la generación de estadísticas nacionales, estatales y municipales para identificar las causas y pautas de comportamiento de este delito, a partir de las cuales las autoridades administrativas y penitenciarias puedan diseñar mecanismos y programas específicos para su prevención.
AM.MX/fm
