Ciudad de México.- En una decisión sin precedentes, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa de decreto destinada a prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. El proyecto propone la adición de un nuevo capítulo y artículo al Código Penal, estableciendo la corrupción inmobiliaria como delito y detallando las sanciones aplicables a los servidores públicos involucrados.
La firma de la iniciativa tuvo lugar en el Patio Oriente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde Batres Guadarrama destacó la gravedad del problema y la necesidad de abordarlo desde la legislación. El documento será presentado ante el Congreso de la Ciudad de México por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
El proyecto define la corrupción inmobiliaria como la acción de permitir, ya sea por acción, omisión o tolerancia, la construcción de inmuebles o pisos adicionales sin cumplir con los requisitos legales. Las sanciones propuestas son de 10 a 20 años de prisión, agravándose en una mitad más en caso de obtener beneficios económicos. Este enfoque busca combatir el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos mediante esquemas ilegales de construcción.
Batres Guadarrama subrayó los impactos negativos de la corrupción inmobiliaria, incluyendo el encarecimiento de la vivienda, especulación con costos del suelo y riesgos para la protección civil debido a construcciones irregulares.
El secretario de Gobierno, Ruiz Suárez, enfatizó la revisión del marco legal para adecuar normativas al contexto actual. La iniciativa busca disuadir la formación de organizaciones corruptas, combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público y contribuir a la transformación de la política inmobiliaria, estableciendo la vivienda como un derecho fundamental.
La propuesta representa un paso significativo en el esfuerzo por cambiar la cultura política y garantizar que los servidores públicos sirvan genuinamente a la sociedad. La iniciativa también cuenta con el respaldo del secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, y el encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López.
EDT.MX/CV
