CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Más allá de una actualización técnica en la normatividad, es una respuesta firme y contundente ante una realidad que exige actuar con prontitud y determinación la incorporación de la perspectiva de género, interseccionalidad y el enfoque de los derechos humanos en los procedimientos de responsabilidad administrativa, expresó la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros de Morena
Al participar en tribuna respecto al dictamen que fue aprobado para modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativaspara incorporar la perspectiva de género, interseccionalidad y el enfoque de los derechos humanos en los procedimientos de responsabilidad administrativa.
El dictamen, dijo, es consecuente, responsable y congruente con ese objetivo, pues la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones trasciende fronteras, ya que las estadísticas nos instan a no ser indiferentes ante la realidad que viven las mujeres en el país.
De acuerdo con datos de 2021 del Inegi, el 20 por ciento de las mujeres mayores de 18 años reportó percepción de inseguridad en sus propios hogares. En ese año, el 10.8 por ciento de los delitos contra mujeres fueron de índole sexual y el 23.2 por ciento de las defunciones por homicidio de las mujeres ocurrieron en el ámbito doméstico o laboral.
El documento, devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales del inciso E del artículo 72, argumenta que conforme a la ONU Mujeres en México una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida; esta situación se agrava cuando la respuesta en la administración de la justicia es deficiente y deriva en una omisión u obstaculización para acceder a una investigación, sanción y reparación del daño.
La legisladora señaló que hoy se tiene la oportunidad de ser agentes de cambio e impulsar transformaciones que sean testimonio del compromiso con la justicia y con la erradicación de la violencia de género que afecta a las mujeres, adolescentes y niñas en el país.
También dijo que la violencia contra las mujeres es lacerante, es un mal que se manifiesta en diversos ámbitos y es un recordatorio de que aun “nos queda un largo camino por recorrer en la construcción de una sociedad justa e igualitaria”.
De acuerdo a la iniciativa el servidor público deberá realizar los procedimientos en el menor tiempo posible, impidiendo la revictimización y podrá ser decretada como medida cautelar la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con la persona denunciante o quien haya sido perjudicada por la acción u omisión de la conducta denunciada, objeto de la presunta responsabilidad administrativa
El dictamen establece que, en el diseño de las acciones de prevención en la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción de los servidores públicos, a través de las secretarías y los órganos internos de control, se deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e incorporar la perspectiva de género, con especial énfasis en temas de violencia de género.
Sujetos de violencia familiar no podrán heredar
Para evitar que cuando existan casos de violencia familiar en contra de personas adultas mayores los agresores aún conserven su derecho a heredar, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la modificación al Código Penal Federal.
La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro del partido Verde explicó que estas reformas no sólo obedecen a una obligación jurídica, sino moral de la sociedad en su conjunto.
En el caso de las personas adultas mayores no sólo sufren las debilidades o vulnerabilidades propias de su edad, sino que además se convierten en presa fácil de personas que se aprovechan de su condición física, psicológica e incluso del abandono en el que viven para obtener un beneficio o lucro a partir de la manipulación o el engaño.
Lo más lamentable es que estos delitos son cometidos por personas cercanas a ellas con tal de obtener un beneficio propio. Aunque no existe una estadística del maltrato que reciben las personas adultas mayores, los últimos reportes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias refieren que el 16 por ciento han recibido alguna forma de abuso, de ahí la trascendencia de aprobar este dictamen.
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