Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), Ricardo Ruiz Suárez, entregó hoy a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa clave para reformar el Código Penal del Distrito Federal. Esta propuesta, suscrita por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, tiene como objetivo tipificar el delito de corrupción inmobiliaria y establecer sanciones específicas para los servidores públicos involucrados en esta práctica ilegal.
En una ceremonia llevada a cabo en las oficinas de la Mesa Directiva en Donceles, en el Centro Histórico, Ruiz Suárez formalmente entregó el documento al Secretario Técnico de dicho órgano de gobierno del Congreso capitalino.
Ruiz Suárez destacó la importancia de establecer sanciones claras para aquellos que participen en la corrupción inmobiliaria, una práctica que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de la capital. “Esperamos que el Congreso discuta la propuesta de manera rápida y tome en consideración los elementos para, en su caso, aprobarla”, señaló el funcionario.
La iniciativa, presentada por el Jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama, busca agregar un nuevo capítulo y un artículo específico al Código Penal para el Distrito Federal. Este nuevo marco legal pretende tipificar el delito de Corrupción Inmobiliaria, imponiendo penas de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos que permitan la construcción de inmuebles no autorizados, ya sea por acción, omisión o tolerancia, incumpliendo los requisitos establecidos por la ley.
Adicionalmente, se propone que estas penas se incrementen en una mitad más cuando el funcionario obtenga beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, entregado al mismo servidor público o a sus allegados hasta el cuarto grado, o a terceros con los que se tengan vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa.
El Gobierno de la Ciudad de México subraya su compromiso en combatir y erradicar la corrupción inmobiliaria, la cual afecta el desarrollo urbano y genera impactos negativos en la sociedad, como el encarecimiento de la vivienda, especulación con los costos del suelo, distribución de agua y riesgos en materia de Protección Civil. Con esta iniciativa, se busca dotar a las autoridades de herramientas jurídicas adicionales para enfrentar este problema y garantizar un desarrollo urbano sostenible en la capital.
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