CIUDAD DE MÈXICO / SemMéxico.- Los gastos en desarrollo social previstos por el proyecto de presupuesto dejarán atrás principalmente a la niñez y a la salud, lo que impactará en las familias, se dijo al poner en marcha un parlamento abierto.
Este parlamento convocado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), en la primera mesa de diálogo bajo el esquema de parlamento abierto denominada “Desarrollo Social rumbo al PEF 2025” fueron abordado temas de educación, protección social, cultura, recreación, salud, vivienda, servicios a la comunidad y programas sociales.
La diputada Gómez Pozos dijo que el parlamento permitirá ampliar el conocimiento, además de aportar conclusiones y recomendaciones que serán fundamentales para enriquecer el dictamen del Presupuesto de Egresos para 2025.
Las y los participantes de la sociedad civil advirtieron bajas presupuestales para niños y niñas, afectando salud y educación inicial, con decremento hasta de 18 por ciento; el PEF no considera el cambio demográfico y deja atrás a los y las adultas mayores, decrementos también en salud materna y 12 por ciento en toda la salud, significará gastos de bolsillo a las familias, que nada compensa.
Posicionamientos
El diputado y coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo Social, Reginaldo Sandoval Flores (PT), mencionó que la participación de expertos servirá para mejorar el proyecto presupuestal. Informó que harán un resumen de todos los planteamientos para entregarlo a la Comisión de Presupuesto y establecer un diálogo sobre el particular.
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Ana Karina Rojo Pimentel (PT), mencionó que el Ramo 20 Bienestar es piedra angular de la política social. Destacó que el Fondo de Aportación para Infraestructura Social, FAIS, contará con una inversión de 10 mil 971 millones de pesos, lo que fortalecerá a las comunidades más rezagadas con infraestructura básica.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno Santaella (Morena), consideró que el presupuesto en salud tuvo un incremento importante; es un presupuesto de 2.2 billones de pesos que se orientará a fortalecer la visión del IMSS-Bienestar y “es un paso importante porque permitirá fortalecer la intención primaria, es decir, la promoción y educación para la salud porque esta no es una mercancía sino un derecho”.
La presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz (PT), comentó que el desarrollo social es el rubro sobre el que se cimenta el humanismo mexicano. Comentó que la política en esta materia tiene el paradigma de reivindicar a la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía, para enriquecer a constructoras e inmobiliarias. “Esta nueva óptica es el parámetro sobre el cuál se legislará en estos tres años”.
El diputado Gerardo Olivares Mejía (PT) refirió que el Estado debe garantizar ayuda a las familias más desfavorecidas. Consideró que se tiene que asumir como una vocación permanente la política de canalizar cada vez más recursos a la educación. Se pronunció por incrementar el presupuesto al Programa la Escuela es Nuestra y a las universidades públicas estatales.
La presidenta de la Comisión de Movilidad, diputada Patricia Mercado Castro (MC), informó que la Comisión no tiene correspondencia con la estructura del presupuesto, porque la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es un instrumento nuevo, por lo que observó que la movilidad podría incorporarse en el Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y pueda ser visualizada la inversión desde esta nueva jerarquía de la movilidad y desde el reconocimiento de este nuevo derecho”.
La presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Morena) afirmó que el intercambio de ideas con expertos ayudará a tener un Presupuesto sólido y contundente. Aseveró que los programas sociales son un derecho constitucional y en el PEF hay un incremento sustancial en varios programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
La diputada Sonia Rincón Chanona (Morena) solicitó dar seguimiento a los rubros de educación, cultura y salud en materia presupuestal. Mencionó que con el fin de que todo planteamiento o propuesta se tome en cuenta en el PEF se tienen que entregar en marzo-abril, porque Hacienda elabora el Presupuesto de Cuenta Pública en junio.
El diputado Juan Armando Ruiz Hernández (MC) planteó canalizar los recursos suficientes para crear el Centro Paralímpico de Alto Rendimiento, ya que es una demanda de atletas paralímpicos. “Si no se crea este centro pronto estaremos al mismo nivel de los atletas convencionales y trayendo tres o cuatro medallas, lo que sería un retroceso”.
Participación de ponentes
Dámari Sosa De Antuñano, coordinadora de Incidencia Federal del Pacto por la Primera Infancia, recomendó fortalecer al servicio nacional de salud pública, en concreto al Programa de Vacunación Universal, ya que en el PEF 2025 se proyecta un decremento de 18 por ciento “por lo que nuestra recomendación es recuperar ese recorte”. Observó que en el Programa FAM Asistencia Social del Ramo 33 existe un decremento de 8 por ciento, por lo que también solicitó reponerlo y financiar programas de asistencia alimentaria.
Sunny Arely Villa Juárez, investigadora asociada del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., refirió que las asignaciones al DIF se redujeron, lo que es grave porque funciona a nivel estatal y tiene alta injerencia en educación inicial, por lo que invitó a poner los recursos donde más se necesitan. Informó que la agenda pendiente es identificar la oferta y la demanda para saber cómo hacer políticas laborales para empatar horarios familiares con horarios de escuela.
Mariana García Villaseñor, investigadora en educación y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., indicó que no hay incrementos en los programas presupuestales para la educación inicial, lo que perpetúa la brecha de cobertura en la medida que avanza en nivel académica. Otro foco rojo es la transición demográfica donde “estamos presenciando un aumento en la tasa de dependencia de adultos mayores, lo que desvía recursos que se destinan para la inversión en educación hacia el financiamiento de pensiones”.
Axel Eduardo González Gómez, coordinador de datos de la organización México ¿cómo vamos?, mencionó que el Estado falla en garantizar derechos como la salud y educación. Esto se aprecia en el “gasto de bolsillo, pues la mayoría de los hogares del país dedican parte de su ingreso a atender situaciones relacionadas a estos rubros”. Subrayó que el progreso social está condicionado a dos palancas de movilidad y progreso social que son salud y educación y si no se incrementa el presupuesto a estos rubros continuarán las brechas de progreso social.
Matilde Pérez Romero, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., subrayó que el gasto en salud sigue siendo bajo y desigual, por lo que destacó la importancia de revertir los recortes a la Secretaría de Salud, al Programa Presupuestario de Salud Materna, al menos al nivel que tuvieron en 2019 que fue el año que tuvieron más recursos.
Judith Méndez Méndez, directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., afirmó que por más de dos décadas se ha tenido una brecha presupuestaria en seguridad social. Aseguró que en este paquete el ajuste presupuestario para alcanzar el déficit que se propuso tiene recortes cercanos a un punto del PIB en inversión, educación, medio ambiente, energía, cuidados, lo que resulta de graves implicaciones para el acceso a esos derechos fundamentales.
Jorge Eduardo Cano Anaya, coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, manifestó que el gasto en salud para el siguiente año tendrá un grave recorte de 12 por ciento y estará en 881 mil millones de pesos, el peor monto desde 2021. Puntualizó que no es posible que año con año se discuta el presupuesto en salud porque este tiene que estar blindado y mantener un incremento constante.
Armando Pliego Ishikawa, de la Coalición Movilidad Segura, propuso incrementar los recursos para infraestructura, comunicaciones y transportes, a fin de ayudar al cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en específico en la reducción de muertes. Es importante, agregó, crear un fondo específico para la movilidad sustentable y segura, y un financiamiento para un fondo de víctimas y atender sus necesidades.
Paulina Castaño Acosta, investigadora del programa Justicia Fiscal de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., estimó que el presupuesto 2025 para cultura es insuficiente y pone en riesgo su preservación y promoción, así como la capacidad del Estado para garantizar el acceso de todas las personas a este derecho. Consideró necesaria una reforma fiscal progresiva que financie de manera sostenible a este sector.
AM.MX/fm
