CIUDAD DE MÉXICO, 24 de octubre (EDT).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones, el dictamen que crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y emprende reformas en materia de acceso a los servicios de salud y medicamentos asociados para personas que no poseen seguridad social.
El documento modifica diversas disposiciones de las leyes General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, precisa que México enfrenta un mosaico de problemas en la materia, en el que coexisten enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles y lesiones; además, problemas como salud mental, accidentes, adicciones y violencia, consecuencias de la desigualdad social y la descomposición del tejido social.
Menciona que, en los últimos diez años, las primeras causas de muerte general se vincularon con padecimientos crónico no transmisibles, como diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares, neurovasculares e hipertensión arterial.
Esas alteraciones son responsables del 45 por ciento de las muertes registradas cada año en el país y, en conjunto, provocan la pérdida de 11.4 millones (40 por ciento) de años vida con calidad. En la actualidad, alrededor de 20 millones de mexicanos no están afiliados a la seguridad social ni al seguro popular; es decir, no se alcanza la universalidad de los servicios.
Para implantar el modelo de atención primaria se crea el Insabi, instrumentando su labor con la firma del Acuerdo de la Secretaría de Salud con cada una de las entidades federativas para garantizar el derecho de toda la población y hacer efectivo el acceso a la atención clínica, medicamentos gratuitos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social.
Funcionará como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la secretaría y refrendado por ley. Tendrá entre sus objetivos proveer y garantizar la prestación gratuita de los servicios y medicamentos a la población sin seguridad social, así como impulsar, bajo la coordinación general de la secretaría, una mejor articulación entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
El ejercicio de los recursos financieros que se doten al Insabi se alineará con los objetivos de eficiencia, austeridad y ahorro del gasto que impulsa el gobierno federal, sin menoscabo de los principios de equidad y eficacia de la atención y los planes y programas de salud que desarrolla la autoridad sanitaria nacional.
Los beneficiarios no cubrirán ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios que reciban. Todas las personas que estén en el país y no tengan seguridad social, recibirán de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, sin importar su condición social.
La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones para brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, así como medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Se crea el Fondo de Salud para el Bienestar, fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, en el que el Insabi funge como fideicomitente y tiene como fin destinar recursos a: atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; infraestructura preferentemente en las entidades con mayor marginación social y complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), expresó que se propone un nuevo modelo de salud pública, dirigido especialmente a personas que carecen de acceso a los servicios de salud y medicamentos asociados.
Dijo que es necesario y urgente avanzar en los mecanismos jurídicos que permitan ejercer a plenitud el derecho a la protección de la salud y el acceso a fármacos y demás insumos asociados, para que de esa forma se haga efectiva la garantía de acceso a la salud que poseen todos los mexicanos, incluso las personas que se encuentran en territorio nacional, sin importar su condición o estatus migratorio.
Para 2019 la mitad de la población mexicana; es decir, alrededor de 64 millones de personas, carecen de acceso a la seguridad social y alrededor de 20 millones de mexicanos no están afiliados a la seguridad social ni al Seguro Popular.
Sánchez Galván añadió que para alcanzar el acceso universal a la salud, efectivo, de toda la población, se hace imprescindible transformar el sector, colocando en primer lugar su derecho a desarrollar la estrategia de atención primaria como eje central del Sistema Nacional de Salud.
El nuevo modelo basado en la atención primaria en salud busca la superación de las limitaciones en el acceso y la cobertura universal eliminando el cauce, cambiando el sistema de prestación de salud a la población sin seguridad social por un sistema enfocado en la persona y la comunidad en la que vive, que será universal, proactivo, integrado y continuo.
Se garantiza la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en caso de emergencia; se establece la competencia del Consejo de Salubridad General para elaborar el compendio nacional de insumos para la salud.
Además, se establece como principios de los servicios públicos de salud la universalidad, igualdad e inclusión y gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Garantiza que el gobierno federal destinará anualmente recursos en numerario para la prestación gratuita de los servicios y medicamentos, cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Los gobiernos de las entidades federativas efectuarán aportaciones de recursos con base en lo que se establezca en los acuerdos de coordinación. Sustituye al Fondo de Gastos Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar; sobre las dosis unitarias, se acota que su prescripción podrá ser para atención intrahospitalaria, además deberá atender lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley General de Salud, respecto de la farmacopea nacional.
EDT/fm
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