Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un acuerdo para realizar mesas de trabajo con las consejeras y los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
El objetivo de estos encuentros es analizar y proponer ajustes a la legislación local en materia electoral, derivados del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023.
El decreto de referencia es el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones yProcedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Al respecto, el diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos (MORENA), presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, aseguró que se pretende “delimitar las bases y acciones necesarias para que esta soberanía atienda en los plazos procesales idóneos a la reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión”.
En este sentido, dijo que el acuerdo establece la emisión de una convocatoria pública y la realización de tres mesas de trabajo, de las cuales dos serán de análisis y discusión y otra más para presentación de resultados; lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 noveno transitorio del decreto referido, “que nos mandata a adecuar el marco normativo en materia electoral 90 días antes del inicio del proceso electoral 2023-2024”.
Por su parte, la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas), presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, consideró que “este ejercicio institucional permitirá atender más a fondo los alcances y efectos que se generan en la capital relativos al decreto antes señalado”; además, dijo que con la información obtenida en el parlamento abierto su comisión realizará los trabajos necesarios para mejorar la Ley de Participación Ciudadana.
Al hacer uso de la voz, la congresista Maxta Iraís González Carrillo (PRI) afirmó que su grupo parlamentario siempre está abierto a escuchar diversas opiniones, sin embargo, dijo que le preocupa que en dos meses y mediante tres mesas de trabajo se pretenda reformar los mecanismos de salvaguarda de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
En este sentido, la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI)aseguró que su fracción parlamentaria busca fortalecer, defender y dar el debate necesario para no impulsar ningún intento de debilitar la democracia, “vamos a defender la opinión que viertan las personas consejeras en esas mesas de análisis”.
En tanto, el legislador Ricardo Rubio Torres (PAN) señaló que su bancada es una oposición responsable e institucional, y a pesar que han manifestado su inconformidad por el denominado “Plan B”, acompañarán el acuerdo sometido a consideración de las y los integrantes de ambas comisiones “en pro de buscar salidas institucionales, en cuanto se resuelven las controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
La congresista Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) comentó que avala el acuerdo para escuchar a las y los consejeros, así como a las personas que tengan algún interés en la defensa de la democracia. También se dijo a favor de impedir se vulnere al IECM, en cuanto a la paridad de género y las garantías de las mujeres en su participación político-electoral.
EDT.MX/CV
