Ciudad de México.- En el marco del tercer año legislativo, el Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la integridad de sus ciudadanos. Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias aprobaron un dictamen que prohíbe a las personas con sentencias firmes por delitos graves postularse a cargos de elección popular o ser empleados en el servicio público.
Esta reforma, impulsada por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, tiene como objetivo principal asegurar que las instituciones sean espacios seguros y libres, especialmente para mujeres e infancias. Además, busca implementar medidas que desincentiven el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
El dictamen incluye en la lista de delitos inhabilitantes aquellos cometidos intencionalmente contra la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad sexuales, así como por violencia familiar o política. Esta medida, según los legisladores, es esencial para garantizar que quienes aspiren a cargos públicos posean una integridad intachable y un compromiso con la legalidad y el bienestar de la comunidad.
Uno de los puntos destacados de la reforma es el reconocimiento de la falta de pago reiterado e injustificado de las pensiones alimenticias como una forma de violencia económica. Esta situación afecta a un número significativo de mujeres en México, estimado en 13.4 millones, quienes en algún momento han padecido la falta de cumplimiento de esta obligación por parte de los padres de sus hijos.
La situación se agrava cuando se observa el incremento en los juicios por pensiones alimenticias. Según el Informe de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre 2020 y 2021, se registraron seis mil 102 casos relacionados con la carencia de apoyo alimenticio, representando un aumento del 33 por ciento.
Esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, y la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, es vista como un paso crucial para garantizar la protección y el respeto a los derechos de las personas más vulnerables y para fomentar una cultura de responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones legales.
Con estas acciones, el Congreso capitalino reafirma su compromiso con la creación de un entorno seguro y equitativo, y con la promoción de una administración pública libre de personas con antecedentes de violencia y delitos graves.
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