Ciudad de México.- En el marco del tercer año de la II Legislatura, el Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia de género. Con la aprobación de un dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político-Electorales, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México.
El dictamen, que analizó tres iniciativas suscritas por el diputado Jorge Gaviño Ambriz y las diputadas Gabriela Quiroga Anguiano y Martha Soledad Ávila Ventura, busca establecer la iniciativa “3 de 3 contra la violencia de género”. Esta iniciativa establece que ninguna persona con antecedentes de violencia de género o incumplimiento de responsabilidades alimentarias pueda ejercer cargos públicos.
Al presentar el dictamen, el diputado Diego Orlando Garrido López, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, destacó la importancia de esta reforma para garantizar que aquellos con antecedentes de agresión o irresponsabilidad alimentaria no sean idóneos para ocupar cargos públicos. “Es esencial que quienes sirven al público estén libres de cualquier historial de violencia o negligencia”, afirmó.
El legislador Gaviño Ambriz enfatizó que la iniciativa 3 de 3 busca alinear la Constitución local con la Constitución federal, asegurando que todos los servidores públicos, no solo los titulares de las dependencias, cumplan con esta norma. “Estamos homologando nuestra legislación local con la Carta Magna para cerrar cualquier brecha que permita a los agresores ocupar cargos de poder”, explicó.
La congresista Ávila Ventura señaló que esta reforma es un avance significativo en la lucha contra la impunidad de quienes cometen delitos de género. “Evitar que los agresores ocupen cargos públicos es un paso crucial para proteger a las mujeres y asegurar que la violencia de género no tenga lugar en nuestras instituciones”, dijo.
El dictamen aprobado prohíbe el desempeño de cargos en el servicio público y el registro de candidaturas a cargos de elección popular para quienes tengan condenas o sanciones firmes por delitos contra las mujeres en razón de género. Además, se extiende a quienes estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La diputada Quiroga Anguiano celebró la reforma como un avance hacia un entorno más seguro y justo para las mujeres. “Esta medida es fruto de una larga lucha feminista que busca garantizar que ninguna mujer tenga que temer a un agresor en el poder”, expresó.
Con esta reforma, se fortalece el marco normativo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género, asegurando condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito político. La aprobación de esta reforma representa un compromiso firme del Congreso capitalino en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de violencia.
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