Ciudad de México.- En un acto simbólico que representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción inmobiliaria, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, recibió cinco departamentos asegurados a la delincuencia de cuello blanco por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Estos inmuebles, ubicados en Petén 329, Alcaldía Benito Juárez, serán destinados a familias damnificadas por los sismos de 2017, cumpliendo así con el compromiso de “devolver al pueblo lo robado.”
Martí Batres destacó que estos departamentos, de aproximadamente 70 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor, baño, cocina y uno de ellos con roof garden, son parte de los bienes recuperados gracias al acuerdo de reparación del daño por parte de exfuncionarios públicos vinculados a actos de corrupción inmobiliaria. En total, se han devuelto múltiples inmuebles con un valor superior a los 80 millones de pesos.
“Es un día especial y emblemático porque hoy se están entregando, por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México, cinco departamentos ubicados en este inmueble, a la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. Estos cinco departamentos forman parte de los inmuebles que han estado entregando los exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, que reconocieron su culpabilidad en los hechos de corrupción del llamado Cártel Inmobiliario de Benito Juárez,” expresó el Jefe de Gobierno.
Batres resaltó que las investigaciones realizadas por la FGJCDMX descubrieron dos modus operandi: la emisión de permisos de construcción a cambio de departamentos y la constitución de empresas constructoras con la participación de familiares de los funcionarios.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que cuatro de estos departamentos, ubicados en una zona de alta plusvalía, están valuados en más de 4 millones de pesos, mientras que el quinto, con roof garden, tiene un valor de 6.5 millones de pesos.
Godoy destacó que la evidencia obtenida por la FGJCDMX ha llevado a la condena de varios servidores públicos por enriquecimiento ilícito, así como la investigación en curso de otros involucrados. Subrayó que la corrupción en el sector inmobiliario de Benito Juárez no es un mito ni una persecución política, sino una realidad que ha afectado de manera inmoral al erario público.
El Jefe de Gobierno anunció que el destino de los edificios asegurados se determinará en función del uso de suelo autorizado y sus dimensiones. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones realizará revisiones estructurales para garantizar que cumplan con las normativas vigentes.
En este contexto, la fiscal general afirmó que las investigaciones continuarán en colaboración con diversas instituciones para brindar a los jueces las herramientas necesarias para emitir sentencias a quienes permitieron y se beneficiaron de la construcción ilegal de viviendas.
Cabe recordar que este acto sigue a la entrega, el pasado 14 de noviembre, de un inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1774, valuado en alrededor de 10 millones de pesos, como parte del acuerdo de reparación del daño. El Comité del Patrimonio Inmobiliario decidirá si se destina a la creación de una unidad interinstitucional contra la corrupción y atención a víctimas.
EDT.MX/CV
