Lilia Arellano
“Siento mucho haberte engañado tanto
pero así son las cosas”: Sue Lyon
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Estado fallido, rebasado por crimen organizado
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Caza de capos: López Obrador al servicio de Donald Trump
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Frente a narcoterrorismo: sin estrategia, amnistía e ilegalidad
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Liberación de Ovidio Guzmán: no habrá impunidad, dice FGR
Ciudad de México, 22 de octubre de 2019.- Los mensajes enviados por los narcotraficantes y por el mismísimo gobierno federal mexicano son verdaderamente temibles. El gabinete de seguridad de AMLO se vio totalmente rebasado y es inimaginable el ánimo del general secretario de la Defensa Nacional al salir y reconocer no existía ninguna estrategia para cumplir con las órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas: detener a Ovidio Guzmán Cabrera para extraditarlo por petición de Donald Trump. Salieron así a cumplir, considerando sería un grupo pequeño de uniformados los que lograrían aterrorizar a quienes, a diario, se rifan la existencia ante los grupos criminales contrarios o están pendientes de las deslealtades vistas como informaciones a las agencias norteamericanas para su localización.
Tuvieron que recular. Los malos eran muchos y mejor armados. El mensaje gubernamental no se ve como la decisión acertada para salvaguardar vidas de sinaloenses y no puede contemplarse así puesto que, a diario, son centenas de mexicanos muertos, secuestrados, extorsionados, desaparecidos, sin protección alguna por parte de las autoridades. Según los datos oficiales, entre enero y septiembre se registraron 25 mil 890 víctimas de homicidio dolosos y este año se perfila para ser el más violenta de la historia del país. Es visible y reconocido se está al servicio, también en este renglón, de los Estados Unidos, quienes por cierto no han negociado jamás con terroristas, narcotraficantes, transgresores de sus leyes e incluso han llegado al extremo de provocar enfrentamientos con otras naciones pero… no ceden, no como lo hicieran en Culiacán, Sinaloa, en la tierra en donde se oficializó la siembra y venta de la mariguana con la firma de presidentes de México y EU.
La parte contraria o supuestamente contraria, los narcos, han hecho de los sucesos y su final todo un espectáculo cómico en donde se regodean ridiculizando a las autoridades, ya sea a través de comunicados de agradecimiento y reconocimiento al tabasqueño o publicitando la construcción de la primera universidad indígena patrocinada por Joaquín Guzmán Loera. Este asunto resiente mayor gravedad de confirmarse lo publicado en The New York Times, en el sentido de que Iván Archivaldo Guzmán, alias “El Chapito”, hermanastro de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” o “El Nuevo Ratón”, habría sido detenido inicialmente pero pudo escapar según fuentes pues un grupo de sicarios superó a las fuerzas militares mexicanas. “El Chapito” encabezó el rescate de su hermanastro, destaca el diario estadounidense: “Una vez libre, el hermano mayor orquestó una asombrosa muestra de fuerza para conseguir la liberación de su hermano, Ovidio”, y agrega: “la acción no sólo consistió en tomar como rehenes a los soldados, sino en secuestrar a sus familias, de acuerdo con las dos personas informadas sobre el asunto, quienes no estaban autorizadas a hablar públicamente”.
Tal vez podría decirse este episodio comenzó cuando, en la mañanera, en el salón dentro de Palacio Nacional designado para estos encuentros, López Obrador se refirió a El Chapo, a su fortuna de la cual dijo Forbes daba notas falsas, no era tan cuantiosa como se decía y sí, en efecto, verían la posibilidad de ingresar los bienes a las arcas de gobierno. Antes, ya el juzgado y encarcelado en Estados Unidos había ofrecido apoyo económico, con otro lenguaje y bajo otras circunstancias y tal vez acuerdos, pero parecido a lo antes prometido por Rafael Caro Quintero al gobierno de Miguel de la Madrid.
Para demostrar hasta dónde ha penetrado el narco, sus operaciones financieras, la impunidad otorgada, están los adeudos fiscales y, de ellos, los supuestamente condonados a una empresa de Juan Manuel Muñoz, apodado El Mono, supuesto operador financiero de Los Zetas. Ayer, López Obrador volvió a tomar el tema de los narcos y de nueva cuenta intentó lavar, desaparecer cualquier responsabilidad al sacar cuentas de la fecha en la cual se determinó cancelar estos beneficios. Fue hace dos meses, dijo al tiempo de recalcar fue antes de condonarse impuestos a JM Muñoz y “estaba permitido legalmente”. Paradójicamente, El Mono prefirió entregarse y confesarse culpable de lavado de dinero, narcotráfico y distribución de cocaína ante una Corte Federal de Texas. Todo antes que caer en manos de la 4T.
Al referirse a la denuncia presentada por el PAN basada en la decisión de liberar a Ovidio Guzmán en el fallido operativo llevado a cabo en Culiacán, AMLO sostuvo: “estoy dispuesto a comparecer, porque se dio a conocer que ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Si lo solicita la autoridad competente me gustaría comparecer para exponer mis razones del porqué no a la violencia”. A lo anterior se agrega la frase del día “nos hicieron lo que el viento a Juárez” por aquello de la posibilidad de haberle tendido una trampa y, por lo tanto… no habrá renuncias. Por cierto hay una gran diferencia entre las cifras oficiales de muertos y heridos en la batalla sinaloense y los proporcionados por órganos informativos y eso de saberse “en paz” sigue estando por verse.
EL PRESIDENTE NO ES RESPONSABLE: GERTZ MANERO
Los sucesos ocurridos en los últimos días confirman la existencia de narcoestados en México, así como la inexistencia de una estrategia para neutralizar y enfrentar a los cada vez más poderos cárteles de la droga. Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, son ejemplos claros de la dominancia del narco en todas las esferas de la vida de esas entidades, donde sin duda prevalece la complicidad con las autoridades estatales y municipales, algunas de ellas surgidas de sus propias filas.
La semana pasada fuimos testigos de las formas de actuación del narcoterrorismo en Culiacán, de la falta de pericia y capacidad de los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Agencia Nacional de Inteligencia y, por supuesto, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Sinaloa se sumó al rosario, tan solo en esta semana, de Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, los cuales son calificados ya de narcoestados.
De los hechos, debe haber responsables, y hasta el momento no hay ninguno. AMLO ya descartó renuncias en su gabinete y se le ha visto tratando de asumir toda la responsabilidad. El PAN ya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el titular del Poder Ejecutivo federal, su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y quienes resulten responsables de liberar a Ovidio Guzmán. La denuncia es para ser investigados diversos hechos los cuales pudieran considerarse como delitos cometidos durante el operativo federal que logró la captura y posterior liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por orden del más alto mando de la seguridad en el país.
Según el PAN, con la liberación del hijo de “El Chapo”, se vulneró el Estado de Derecho y el gobierno morenista envió un claro mensaje a los mexicanos de que “hay amnistía” para los criminales. “El Estado tiene la obligación de aplicar la ley y hoy vemos un estado fallido”, destacó Acción Nacional en un comunicado, donde insistió en la renuncia de todos los funcionarios quienes participaron en el fallido operativo de Culiacán, Sinaloa, en coherencia con lo que pidió en 2015 López Obrador, cuando se fugó “El Chapo” Guzmán, lo que ameritaba la renuncia de todo el gabinete.
Alfonso Durazo y demás servidores quienes estuvieron involucrados en la toma de decisiones durante el operativo en Sinaloa “actuaron de manera precipitada, con deficiente planeación, y falta de previsión, por lo que deben ser separados del cargo para que la fiscalía pueda hacer una investigación objetiva”, consideró Acción Nacional.
Sobre este grave asunto, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, ofreció: las pesquisas en este caso arrojarán resultados y no habrá impunidad, y deslindó a López Obrador de cualquier responsabilidad en el operativo que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán. “Esto no va a ser otro Ayotzinapa (caso por la desaparición de 43 normalistas aún sin esclarecer). Aquí se van a establecer las responsabilidades con toda precisión, con todo apego a la ley y con toda transparencia”, dijo. El funcionario aseguró la FGR desarrollará una investigación “ejemplar” y que, por lo tanto, no será cosa de un día para otro.
Al confirmar la FGR ya comenzó a recibir las denuncias sobre el operativo el cual permitió la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, reprobó se quiera involucrar en esa responsabilidad al presidente López Obrador. Gertz Manero destacó: “Evidentemente, no es una tarea del presidente de la República una acción como la que se llevó a cabo en Culiacán (…) Hay instituciones, individuos, funcionarios y servidores públicos que tienen esas tareas. Involucrar al Presidente de la República, me parece algo absolutamente inaceptable. El presidente tiene la obligación, y lo ha hecho, de preservar las estructuras del Estado, de defender la tranquilidad y el equilibrio de la población y la defensa de los intereses de la Nación; pero involucrarlo en una situación de esa naturaleza me parece absolutamente inaceptable”.
Sin embargo, el presidente si tiene responsabilidad constitucional, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, incluyendo las involucradas en el caso Ovidio Guzmán. Además, el mismo se ha encargado de asumir, durante los últimos días, toda la carga en el caso de la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán. Esperaremos los resultados de esa ejemplar investigación del fiscal general de la República.
DE LOS PASILLOS
Sigue siendo Quintana Roo todo un muestrario de lo que no debe hacerse si se quiere tener gobernabilidad y estabilidad económica y paz social y seguridad y prevalencia del Estado de derecho y… Vale la pena iniciar con Fidel Villanueva, el magistrado ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien tiene por comprobar lo hecho con más de 20 millones de pesos. Pero resulta que, antes de avanzar en las investigaciones o proceder como se debiera en caso de no encontrarse en cuales renglones gastó ese dinero, pueden llegar a un arreglo y devolver parte de lo presuntamente desviado y la cantidad está a criterio de quien la imponga y éste será, seguramente, el gobernador Carlos Manuel Joaquín González. Fidel, considerado hasta como víctima, ganará su libertad. El mandatario estatal ¿qué gana?… Porque de ese Tribunal existen varias carpetas de investigación todas ellas ligadas con empleados a las órdenes del magistrado Villanueva y, supuestamente, se tienen aseguradas algunas propiedades porque resulta fueron los de abajo quienes no se conformaron con 20 sino desviaron 42 millones de pesos. Según la fiscal Anticorrupción en esas tierras, aseguraron ante el Registro Público de la Propiedad: un hotel en Chetmal, dos casas en esa capital estatal ubicadas en el lujoso fraccionamiento Andara y dos terrenos en Bacalar, entre otros… Por cierto esa misma dependencia afirma ha asegurado 57, sí, 57 propiedades a Roberto Borge, aunque ya más pormenorizadamente señala estaban a nombre de familiares, amigos, prestanombres y todos, sin excepción, andan huidos. Dicen que esta incautación pretende resarcir el daño que por 594 millones 590 mil 535 pesos con 47 centavos cometió el ex gobernador… Si en el pasado reciente se interrogaba frecuentemente sobre la influencia y el poder de Juan de la Luz, el líder del Grupo Tepito mejor conocido como el GT, sin “o”, ahora se presentan las mismas dudas sobre el poderío de la poblana Rocío Moreno Mendoza quien, sin despeinarse, ha permanecido al frente de una Secretaría, la de Desarrollo Social, durante tres años con el nombramiento de “encargada del despacho”. La subsecretaria de esa dependencia también de apellido Moreno es su paisana y es quien, por cierto, le hizo todo el discurso pronunciado en nombre de su único jefe, el gobernador, en el foro sobre Prevención y Seguridad Pública llevado a cabo en Cancún, en donde por cierto, uno de los mejores negocios de la presidencia municipal es el arrendamiento de patrullas. Siguen manteniendo el mismo contrato, pero también los mismos viejos vehículos y se paga la nada despreciable cantidad de 3 millones 738 mil 114.24 mensuales. Son 76 patrullas y por cada una se liquidan, anualmente, 590 mil 228.56 pesos. Lo bueno es saber que doña Mara Lezama va en contra de la corrupción y del manejo de los negocios sucios… Lo mismo pasa con el oficial mayor Manuel Alamilla. En su comparecencias ante tibios legisladores todo tuvo justificación, hasta para la labor desempeñada por su esposa dentro del organigrama gubernamental. Así se las gastan quienes permanecen, como dice un colega, en el Olimpo del poder…
Entrampada se dará AMLO al acudir a Badiguarato, Sinaloa, para poner en marcha su programa Sembrando Vida. Según el abogado José Antonio González Meza, defensor de la familia de Guzmán Loera en México, están esperando su llegada para colocar la primera piedra de la primera Universidad Indígena. En el acto también estaría la familia encabezada por doña María Consuelo Loera. Se agrega, según el litigante, el deseo de El Chapo de enviar a México los recursos asegurados por el gobierno de EU, de los cuales se asegura son miles de millones de dólares.
En este año, del mes de enero y con corte al 19 de octubre, suman 310 policías federales, ministeriales, estatales y municipales asesinados en el país en cumplimiento de su deber, un promedio de uno al día, de acuerdo a las cifras recopiladas por la organización Causa en Común, obtenidas a partir de un recuento de notas informativas. El año pasado, se contabilizaron 421 elementos asesinados, la mayoría pertenecientes a corporaciones municipales, cuerpos estatales y federales… La madrugada del lunes, el atentado a un bar en Catemaco, Veracruz, dejó dos muertos –una pareja, dueños del negocio-, y ocho lesionados, entres ello tres menores de edad. Un comando armado ingresó al establecimiento y agredió a los dueños y los parroquianos.. Este año es el más violento del que se tenga registro. Según los datos oficiales, entre enero y septiembre se registraron 25 mil 890 víctimas de homicidio dolosos, cifra 2.4 por ciento mayor a la reportada en el mismo periodo de 2018, que sumó 25 mil 282. De mantenerse los mismos niveles el último semestre, 2019 cerrará con más de 34 mil 500 víctimas y desplazará a 2018 como el más violento de la historia del país.
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