CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- El huracán Otis, ocurrido el 25 de octubre último en Acapulco, Guerrero, fue un factor desencadenante de un desastre que implicará un proceso de recuperación muy complicado en los próximos años, afirmó Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía (IGg) y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales (SURSA) de la UNAM.
Los eventos de este tipo son socioambientales y tienen repercusiones tanto en las condiciones naturales de un sitio determinado, como en las poblaciones que habitan esos lugares, padeciendo efectos sociales y económicos de diferente alcance, señaló.
Al participar en el Seminario Universitario de la Cuestión Social del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), la especialista consideró que en México necesitamos profundizar y ampliar los estudios y las políticas públicas sobre los desastres, eventos sobre los que se requiere información científica, evaluación de daños y también de riesgos, así como inversiones económicas considerables.
Ante los integrantes del PUED Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la UNAM; Enrique Provencio Durazo, coordinador del PUED; y Mario Luis Fuentes Alcalá, integrante del mismo, Ruiz Rivera ofreció la conferencia Desastres socio-naturales (caso Guerrero).
En el Auditorio Jesús Silva Herzog del Posgrado de la Facultad de Economía, Ruiz Rivera explicó que los desastres, desde las ciencias sociales tienen una clasificación básica en tres grupos: el primero son las Emergencias, que implican impactos localizados con respuesta local, en las cuales la mayoría de los recursos de respuesta se mantienen íntegros, la población no se involucra en su respuesta ni hay necesidades de recuperación.
El segundo grupo son los Desastres, que tienen impactos amplios y severos; respuesta multijurisdiccional e intergubernamental, la cual requiere la activación de planes de desastre con retos significativos; daño extensivo e interrupción de servicios de emergencia clave; con la población involucrada extensivamente en la respuesta y retos mayores para la recuperación.
El tercer grupo son las Catástrofes, que implican impactos físicos y sociales devastadores; respuesta por el gobierno central porque las localidades y regiones están destruidos; con retos que exceden las provisiones de los planes de desastre, donde el sistema de respuesta está paralizado en el nivel local y regional. La población es la única fuente de respuesta inicial y existen retos masivos en la recuperación y procesos muy lentos.
Precisó que en el caso de Otis se trató de una catástrofe, que supera en mucho las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), creado para establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de una manera eficiente y rápida en un evento como éste o menor.
“Desde 2018 el Sinaproc tiene capacidades muy mermadas, y en caso de Otis ni siquiera con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se le podría enfrentar”, consideró la académica universitaria.
Reconoció que en México prevalece un desmantelamiento del sistema en esta materia, y que hoy no se cuenta con provisiones para la reconstrucción de Acapulco.
La experta comentó que el gasto promedio por desastre por año en los últimos 20 años ronda los 26,mil millones de pesos.
“Los cálculos para Otis rondan entre los 250 y 500 mil millones de pesos, dependiendo del tipo de infraestructura considerada y la base de valor de reposición. Del bono catastrófico se cobrarán 60 millones de dólares (de los 125 de la cobertura de huracanes del Pacífico), equivalentes a 1,040 millones de pesos”, informó.
Ruiz Rivera mencionó que la gestión integral de los riesgos de desastre contempla a éste como un proceso, y no como un evento aislado. Tiene múltiples componentes, impactos y temporalidades.
Resaltó que se deben considerar los daños, que son las afectaciones expresadas en términos monetarios que sufren los acervos de cada uno de los sectores durante el siniestro; y las pérdidas, que son los bienes que se dejan de producir y servicios que se dejan de prestar durante un lapso que inicia con el desastre y termina cuando se alcanza la recuperación y reconstrucción total.
En su oportunidad, Enrique Provencio Durazo consideró que Otis ha desnudado nuestra institucionalidad y capacidad de respuesta como país, con procedimientos que responden a enfoques que es necesario actualizar.
“Hay una tentación por minimizar lo ocurrido porque no hay una verdadera evaluación de los daños”, finalizó la académica universitaria.
AM.MX/fm
