CIUDAD DE MÉXICO.- Lejos de ser una serie de casos aislados, los intentos de censura de libros en Estados Unidos se han convertido en una estrategia organizada, financiada y cada vez más sofisticada. Así lo revela el informe The Censorship Acceleration, publicado en junio de 2025 por el EveryLibrary Institute, que analiza cómo se ha intensificado este fenómeno en los últimos años, pasando del terreno cultural al político, y del ámbito local a una verdadera operación nacional con impacto estructural.
Uno de los principales aportes del informe es mostrar que la censura actual no responde a un movimiento espontáneo de padres preocupados, como muchas veces se presenta en los medios, sino a una campaña coordinada por grupos ideológicos con objetivos legislativos concretos. Detrás de las demandas para retirar libros de bibliotecas escolares o públicas hay organizaciones con financiamiento millonario, como Moms for Liberty, que actúan en conjunto con partidos políticos para promover leyes estatales restrictivas, listas negras de libros y vigilancia sobre docentes y bibliotecarios.
Los datos son elocuentes: en los últimos tres años, se han introducido más de 160 leyes estatales que afectan directamente la selección, circulación o acceso a libros en contextos educativos. En paralelo, se han conformado grupos locales con manuales de acción estandarizados, que enseñan cómo impugnar libros, asistir a reuniones escolares y presionar a autoridades. Esta profesionalización de la censura convierte el proceso en una especie de guerra cultural organizada, que apunta particularmente contra libros que abordan temas de género, sexualidad, racismo o historia crítica.
Algunos datos del informe:
En 2024, grupos de presión y personas con poder de decisión (como administradores y cargos electos) intentaron censurar 4.190 títulos de libros. Esto representa un aumento masivo en comparación con el promedio de 46 títulos por año que estos mismos grupos intentaron retirar entre 2001 y 2020.
72% de las peticiones para censurar libros en bibliotecas escolares y públicas fueron iniciadas por grupos de presión, administradores, miembros de juntas directivas y cargos electos.
Pero el impacto no se limita a los libros eliminados. El informe destaca lo que llama “efecto enfriador” (chilling effect): ante el temor a represalias, muchas bibliotecas optan por autocensurarse y retirar títulos incluso antes de recibir quejas. Del mismo modo, editoriales evitan publicar ciertos temas o limitan su circulación en ciertos estados, generando una restricción silenciosa que no siempre se visibiliza. Lo más alarmante es que este fenómeno está afectando a todo el ecosistema del libro: desde la producción hasta la adquisición, pasando por la programación cultural, la formación docente y el acceso juvenil a contenidos diversos.
Además de describir la situación, el informe propone una serie de estrategias para enfrentar este escenario. Entre ellas, destaca la necesidad de construir coaliciones amplias que incluyan bibliotecarios, editores, docentes, padres y organizaciones defensoras de derechos civiles. También promueve la transparencia sobre quién financia y articula las campañas de censura, y sugiere utilizar herramientas legales y comunicacionales para proteger el derecho a leer como un derecho fundamental.
En definitiva, The Censorship Acceleration muestra que lo que está en juego no son solo libros, sino el modelo de sociedad que se construye a través del acceso a la cultura y la educación. La censura contemporánea no actúa desde la sombra: se muestra, se organiza y se acelera. Y por eso mismo, entender su lógica y denunciar sus mecanismos es el primer paso para resistirla
AM.MX/fm
