CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre (EDT).— Frente a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó su primer Decreto Presidencial, con el cual crea la Comisión de la Verdad y la Justicia del Caso Iguala. Ofreció esclarecer e impartir justicia en torno a la desaparición de los 43 normalistas de escuela normal Isidro Burgos.
“Con la firma de este decreto comenzamos con el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, ese fue el compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el Gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la Comisión que se va a integrar para la verdad. Todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguró que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, dijo López Obrador tras la firma del decreto.
El mandatario afirmó que el llegar a la verdad no debilita a las instituciones,”en este nuevo Gobierno debe reinar la verdad ante todo, la verdad que es revolucionaria, que es cristiana; la mentira es reaccionaria, es del demonio; la verdad por encima de todo. Vamos a que se cumpla con este acuerdo con este decreto y que haya justicia”.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto presidencial para la VERDAD en el caso #Ayotzinapa #casoIguala
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En su intervención, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que en la Comisión tiene como objetivo el de “investigar con objetividad y a fondo quiénes son los responsables, sin importar qué cargo ocupaban”.
“La creación de la comisión (…) tiene un sólo compromiso y un único propósito, que es el de esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de hace más de 4 años en Iguala, Guerrero, el de investigar que ocurrió esa trágica noche, quiénes eran los culpables y que enfrenten la justicia”, apuntó.
Además de Sánchez Cordero, en la firma del decreto estuvieron presentes Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob; Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Martha Delgado Peralta, de la secretaría de Relaciones Exteriores; así como dos representantes de los padres de los 43.
La Comisión tendrá a la mano recursos legales y científicos para alcanzar la verdad, detalló la secretaria de Gobernación. “Por instrucciones del presidente, será el subsecretario de la Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el encargado de esta tarea, y habrá de entregar resultados a la brevedad”, dijo Sánchez Cordero. “Como todos ustedes saben también soy madre y abuela, y con el corazón estrujado, les digo que pondremos todo nuestros conocimientos, todo nuestro esfuerzo para llegar a la verdad”.
Por su parte, Encinas afirmó que el nuevo Gobierno da hoy el primer paso del proceso de pacificación en el país para que las víctimas del abuso de autoridad tengan acceso a la justicia. También, añadió, el objetivo de la Comisión es conocer la verdad, reparar los daños y hacer justicia.
“Es el primer paso para que las víctimas de la violencia tengan acceso a la justica, el presidente honra su compromiso con las familiares de proveer lo necesario para esclarecer los hechos ocurridos en Igual, Guerrero, que representa uno de los hechos más graves en contra de los derechos humanos”, indicó.
Se integrará un equipo de trabajo autónomo e interdisciplinario para continuar las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la ONU y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, e incluso de la Procuraduría General de la República (PGR).
El subsecretario de Derechos Humanos, junto con los familiares, diseñarán el modelo para dar el seguimiento. Además, la Segob deberá realizar los protocolos con las autoridades locales para generar la cooperación, así como con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Mientras que la Secretaría de Hacienda procurará los recursos que se necesiten para la investigación.
No se reservará información, dijo Alejandro Encinas, relacionada con delitos de lesa humana que obstaculicen la investigación. Tampoco se negará el acceso a oficinas o establecimientos donde que se presumen estuvieron ligados a los hechos y que aún no han sido investigados.
Esta es una señal muy clara a todo el país, a todos los familiares de las víctimas, que vamos a trabajar para hacer justicia. Este primer paso es un mensaje de una política que pone en el centro el derecho de las víctimas, dijo Encinas Rodríguez.
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