CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto (EDT).— La ofensiva anti-inmigración del presidente Donald Trump apunta ahora a los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente, ya que publicaran una norma que facilita el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como “green cards”, o de algunos visados.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) revelí una versión de la regla —que entrará en vigor dentro de dos meses— que está diseñada para que los inmigrantes que dependen de los apoyos públicos para satisfacer sus necesidades no puedan permanecer en el país al ser considerados una “carga pública” para la administración. “Queremos que los individuos que vengan a este país sean autosuficientes”, apuntó Ken Cuccinelli, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.
Gobierno de Trump negará residencia a migrantes que cuenten con asistencia pública
En este rubro, la administración estadounidense incluye el seguro médico Medicaid, cupones de alimentos, subsidios para la vivienda, entre otros. Esto aplicará a partir de octubre pic.twitter.com/LdXGuhTiGk
— Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) August 12, 2019
Con esta norma, las autoridades de Estados Unidos podrán determinar si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para “satisfacer sus necesidades”, y luego cancelar su estatus de inmigración.
La nueva política explica que recibir ayudas “es indicativo de un estado financiero débil y aumenta la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga pública en el futuro”. Los afectados serán los usuarios del Medicaid, los que han recibido algún subsidio para la vivienda, los beneficiados por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y los receptores de cupones de alimentos.
Gobierno de Trump negará residencia a migrantes legales que reciban ayuda de programas sociales https://t.co/32OaBN6HlF pic.twitter.com/y5N4pAgHjb
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) August 12, 2019
Con la norma, también se considerarán los ingresos anuales del solicitante, su historial de crédito, si tienen los recursos financieros para pagar los costos médicos de alguna “condición” o cubrir cualquier costo médico razonablemente previsible, entre otras. La ausencia de un título universitario o el no dominar el inglés también “es relevante para determinar si un extranjero puede convertirse en una carga pública en el futuro”.
Afectará a los pobres
Grupos defensores de los migrantes han argumentado que esta regla discriminaría a los migrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir, según medios locales.
También aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal. Así como a los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados.
Los inmigrantes legales exentos de los nuevos estándares para ser considerado “carga pública” serán las embarazadas, los usuarios del Medicaid del espectro más bajo, los menores de 21 años y los miembros activos del Ejército. Tampoco perjudicará a quienes hagan uso de la asistencia médica de emergencia, los programas de comidas escolares y los préstamos estudiantiles. Así como los solicitantes de asilo, las víctimas de tráfico de personas, violencia doméstica y los refugiados.
EDT/dsc
